A principios de este mes, el máximo tribunal de Francia anuló la ley del país que prohibía el uso de redes sociales a los menores de 15 años y que iba a entrar en vigor en enero de 2027. Es una victoria bienvenida para la libertad de expresión, en momentos en que enfrentamos una ola de países y estados de EE. UU. que buscan aprobar leyes similares para excluir a la gente joven de las redes sociales. 

En particular, la decisión del Consejo Constitucional se centró en dos componentes:

Vulneración de la libertad de expresión

El Consejo resolvió que la ley que prohibía las redes sociales a los menores de 15 años vulneraba la libertad de expresión y de comunicación de un modo que no es adecuado, necesario ni proporcionado, como exige el artículo 34 de la Constitución francesa. En particular, subrayó que la prohibición no distinguía entre distintos tipos de servicios en línea e ignoraba las circunstancias de cada persona usuaria, como su edad exacta, su nivel de madurez y su situación familiar.

La evidencia es clara: se trata de leyes temerarias y dañinas que perjudican a todo el mundo, no solo a los menores de 15 años. Estas medidas inhiben el ejercicio del derecho a la libre expresión en línea de todas las personas usuarias, ya sea imponiendo obstáculos a los sitios o bloqueando indebidamente el acceso de la gente sin más.

Al empujar a la gente joven al aislamiento digital, estas prohibiciones recortan el acceso vital a noticias y recursos para la salud y el desarrollo, sobre todo para la juventud LGBTQ+ y marginada, ya que las redes sociales pueden ser a menudo el único lugar donde encontrar comunidad, explorar la propia identidad o acceder a recursos que salvan vidas. También ignoran por completo los reclamos de la propia gente joven, que prefiere la alfabetización digital y la educación antes que la vigilancia y el control estatal. 

Estas prohibiciones también destruyen el derecho al anonimato en línea, una piedra angular de nuestro derecho a la libre expresión que protege en particular a denunciantes, periodistas, activistas y migrantes.

Vulneración del derecho a la vida privada 

La segunda objeción del Consejo señaló que la ley que exige a toda persona, incluso adulta, demostrar su edad antes de acceder a las plataformas de redes sociales obstaculiza el derecho a la vida privada y, por lo tanto, vulnera el artículo 2 de la Declaración de 1789.

El Consejo francés acierta en mucho con esta decisión: pone de relieve que prohibiciones como esta no afectan solo a la gente joven, sino a todas las personas conectadas. Obligan a personas de todas las edades a entregar documentos de identidad, escaneos faciales y otra información sensible a un ecosistema de vigilancia en expansión. Además, cuando se exige el consentimiento parental, las empresas deben recopilar aún más datos de verificación sobre madres y padres.

Sabemos que, cuando se obliga a las personas a entregar esta información, los sistemas de verificación de edad con frecuencia identifican mal o dejan fuera a personas racializadas, personas con discapacidad y personas trans o de género no normativo cuyos documentos pueden no coincidir con su apariencia, lo que agrava las preocupaciones de privacidad en torno a estas prohibiciones.

Próximos pasos 

Como todos los proyectos de ley en Francia se someten al escrutinio del Consejo Constitucional para verificar su conformidad con la Constitución francesa, el presidente Emmanuel Macron encargó al primer ministro Sébastien Lecornu reformular la ley con el objetivo de aprobar una versión "jurídicamente sólida" de la prohibición de las redes sociales. 

Las políticas públicas deben ser eficaces, proporcionadas y respetuosas de los derechos fundamentales, y el fallo del Consejo Constitucional tiene repercusiones más allá de Francia. Envía un mensaje de advertencia a Bruselas, donde la Comisión Europea trabaja en una norma de alcance comunitario sobre restricciones de acceso. Es probable que esas restricciones legales exijan una problemática verificación de edad de las personas usuarias. La difundida cartera de identidad digital de la UE y la "minaplicación" de verificación de edad, presentadas como opciones sólidas en materia de privacidad, plantean en cambio serias preocupaciones de privacidad y seguridad.

La gente joven merece algo mejor que una política construida sobre el pánico, y todas las personas que usan internet merecen un internet libre y seguro, que incluya medidas para darles a todas las personas el conocimiento que necesitan para moverse por los espacios en línea de forma segura. Una prohibición de redes sociales genera titulares, pero no resolverá el problema.